El 4 de febrero la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió no darle lugar a un recurso de apelación presentado por Enel en una causa que buscaba ampliar el contenido reconocido del “convenio de 1947”, celebrado entre el Fisco y Endesa (hoy Enel), para regular la relación entre el uso del agua de la Laguna del Maule y la Laguna de la Invernada, propiedad de la empresa.
El desacuerdo, que fue puesto en tribunales en 2013, es que Enel señala que puede hacer efectivas las economías de la Laguna de la Invernada, cualquiera sea la porción en la que se encuentra la Laguna del Maule. Posición que mantiene sin justificación alguna, pues la razón de querer flexibilizar dicho acuerdo es la construcción de nuevas instalaciones para la generación, las que, aparentemente, no tienen forma de producir, a menos que el pacto se modifique.
Lo que siempre se ha buscado con la regulación y administración del recurso hídrico desde la Laguna del Maule es la protección de los regantes de la cuenca. Pretender flexibilizar los convenios sería pasar a llevar lo que aquí se estipula: “Las aguas de la Laguna del Maule tienen una finalidad primordial de dar seguridad al riego existente… En forma subsidiaria sus aguas sobrantes eventuales se destinan a la generación hidroeléctrica”.
En la actualidad el proceso se encuentra radicado en la Corte Suprema conociendo de un recurso de casación. Es precisamente en estas instancias en que podemos darnos cuenta de la importancia que tienen los nombramientos de los altos magistrados, pues un tema tan importante para la Región del Maule, interés que se repite en cada región con las actividad que tiene una clara identificación local, merece también tener una voz en la máxima instancia judicial de nuestro país.
La Corte Suprema debe ser reflejo de una sociedad diversa, esta frase se ha repetido una y otra vez en los procesos de nombramientos por parte de los senadores que concurren al acuerdo de las designaciones con el Presidente de la República.
En este contexto las principales diferencias se dan producto de la geografía de nuestro territorio, es así como la visión de las regiones, representada por magistrados formados, tanto académicamente, como en la judicatura, fuera de la capital debe ser considerado a la luz de esta necesidad de representar a todo el país, son propender a un aparente cuoteo político.
Tomar en cuenta las realidades, la necesidad de justicia y equidad en los territorios fuera de Santiago, en las zonas rezagadas del desarrollo que vive el país resulta esencial. Como senadores estamos llamados a lograr un pronto acuerdo en torno a la figura de la ministra María Angélica Repetto, representante de las regiones con formación y dedicación en Valparaíso, probablemente una visión que conoce los requerimientos de equidad en los cuales se debe avanzar, no puede tratarse siempre de un forcejeo de poder.
Por eso mi llamado es a mirar el nombramiento bajo el prisma de una judicatura nueva, mirada desde la perspectiva de la regionalización que nos inspira desde la Carta Fundamental y no hace creer en un Chile más justo.
Entender de esta forma los procesos de nombramiento de los miembros de la Corte Suprema, sin lugar a dudas nos llevará a tener un Tribunal Supremo con una acabada lógica descentralizadora, que conozca las necesidades de los territorios, que comprenda y razone sobre la base de la ley que protege e incentiva el emprendimiento justo.
Es en manos de esta instancia judicial en la que está el futuro de la principal actividad productiva de una región, si la actual composición de la Excelentísima Corte es plural, como han alegado algunos, la resolución final debe ir en línea con las necesidades de justicia del territorio, particularmente cuando se trata del uso de una riqueza tan importante como es el agua.
