Luego del último temporal que azotó a gran parte del país y a nuestra región, quedó en evidencia como, nuevamente, ante una catástrofe natural los servicios básicos no están a la altura, dejando a los usuarios como los más afectados.
Pareciera ser que nunca aprendemos. Y es que luego de las últimas lluvias, gran parte del Maule quedó sin suministro eléctrico por varios días, situación que se podría haber previsto, pero que otra vez demostró cómo la improvisación está a la orden del día.
Fue por este mismo motivo, además, que los ediles de varias comunas tuvieron que ir a protestar directamente a las empresas eléctricas. No olvidemos que, ante el problema de quedar sin luz, los vecinos asisten a la autoridad más cercana, su alcalde, quienes a su vez deben buscar cómo solucionar los problemas que deja el temporal en sus respectivas ciudades y ser el intermediario o vocero entre empresa y los vecinos.
Sin embargo, parece que, aparte de los alcaldes, a nadie le interesa los usuarios. Las empresas eléctricas, de resultar responsables por la falta de suministro, pueden ser multadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, pero ¿a quién van esos recursos? ¿Los más afectados reciben alguna compensación? Recordemos que, si una persona no cancela la cuenta de la luz y le cortan el servicio, debe pagar su reposición ¿paga la empresa a los usuarios si los deja sin servicio?
Otra situación es la de las personas que pierden electrodomésticos, alimentos, y que incluso tienen problemas de agua por la falta de luz, a quienes la respuesta de las autoridades es reclamar formalmente a la empresa, directo o través del Sernac. En resumen, quedan a la deriva de la burocracia sin que se les asegure la correcta indemnización.
No olvidemos también a nuestros adultos mayores, para quienes el corte de luz significa más problemas de lo normal, puesto que, en su condición, la falta de luz significa un desafío mayor y porque, además, no tienen la misma capacidad para ir a reclamar frente a las autoridades.
Todo esto nos lleva a la conclusión de que lo que necesitamos hoy son nuevas medidas y regulación, donde las empresas estén obligadas a compensar a las personas y al Estado, además de realizar las medidas de mitigación correspondiente para estos casos.
Las empresas dirán que fue un evento inesperado, que fue uno de los más grandes del último tiempo, pero hace rato que venimos enfrentándonos y viviendo lo “más grande del último tiempo”. Es hora de preocuparse por tener las medidas necesarias y poner más atención en las necesidades de los usuarios, quienes pagan el servicio, y menos en la rentabilidad y ganancias de la empresa. Como reza el dicho, lo barato sale caro, le sale caro a nuestra gente.
Juan Castro Prieto
